El TC obliga a País Vasco a imponer el copago farmacéutico

Bilbao (19/12/2012) - Nekane Lauzirika

El alto Tribunal autoriza al Gobierno vasco a que siga facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles'"

Nada más tomar posesión de su cargo, el nuevo consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, tendrá que lidiar con el copago farmacéutico, del que estaba exento el País Vasco. Y es que el Tribunal Constitucional (TC) ha impuesto a la Comunidad Vasca la aplicación del nuevo copago farmacéutico en vigor desde el 1 de julio en el resto del Estado. Al mismo tiempo y frente al criterio del Gobierno central, le permite seguir facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles". Esta doble resolución figura en un auto emitido por el alto Tribunal el pasado día 13, justo el día en el que Iñigo Urkullu fue elegido lehendakari en el Parlamento vasco.
En su auto, el Tribunal Constitucional atiende las alegaciones formuladas por el Gobierno vasco y esgrime que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud "lo que repercutiría no sólo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad".
Del total de 910.342 personas que se quedaron en toda España sin acceso universal a la Sanidad, unas 25.000 personas viven en Euskadi.
Sobre el argumento del ahorro, que fue el que esgrimió el Gobierno para limitar la atención sanitaria, el alto Tribunal considera que el derecho a la salud "no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico" que, como sostiene, ni siquiera ha sido concretado.
Por otro lado y, de momento, el Constitucional no entra en la cuestión de fondo que es el conflicto de competencias entre el Ejecutivo central y el vasco sobre las atribuciones de cada gobierno en materia sanitaria. En tanto decide sobre esta materia, obliga a Euskadi a cobrar por los medicamentos los mismos porcentajes que en el resto de las Comunidades. A saber, los jubilados tendrán que pagar el 10 por ciento de los medicamentos, con unos topes mensuales de 8, 18 y 60 euros en función de la renta. La población activa, que hasta ahora abona el 40 por ciento de los medicamentos, deberá aportar el 50 por ciento, un porcentaje que se eleva al 60 por ciento para aquello que superen los 100.000 euros de ingresos anuales.
El derecho a la salud
En el apartado de inmigrantes, los magistrados del Constitucional atienden los argumentos del Ejecutivo de Vitoria cuando afirma que "el derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de todas las personas, así como "la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" tienen una "importancia singular en el marco constitucional", que no puede verse "desvirtuada" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado". Asimismo, comparte la opinión respecto a que la no atención de este colectivo de forma regular, es decir, repercutiría en su salud individual y también en la "prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad".
Aún no se sabe cuándo se empezará a cobrar por los medicamentos, ya que el consejero Jon Darpón tomó posesión el pasado lunes de su cargo. Sin embargo, la lógica indica que se empezará a aplicar en cuanto esté preparado todo el dispositivo.